La Democracia Social

UNT se define ideológicamente como un partido político que aboga por la "Democracia Social". Tras la conformación de la Comisión Coordinadora del partido

UNT se define ideológicamente como un partido político que aboga por la "Democracia Social". Tras la conformación de la Comisión Coordinadora del partido, Demetrio Broesner, histórico político progresista, fue nombrado Coordinador del Congreso Ideológico y Programático de Un Nuevo Tiempo. 

En su documento programático, el partido se identificó como progresista e izquierdista democrático, y estableció como sus antecesores directos a los partidos políticos opuestos a la dictadura de Juan Vicente Gómez, a Acción Democrática y al Movimiento al Socialismo. Reconoce los éxitos de los cincuenta años de democracia a la vez que critica que en este período no se "alcanzó en ningún momento el nivel de una sistemática promoción de la calidad de vida mediante la participación en busca de una equidad siempre creciente".

Igualmente, en el documento elaborado por Demetrio Broesner, se establece las prioridades del esfuerzo del partido en diferentes materias y temas

Política

    Estado de Derecho: Proponen impedir la concentración de poderes en el Ejecutivo y reformar la Constitución de 1999 para revisar las atribuciones excesivas del Presidente de la República y los fueros de las Fuerzas Armadas. Se oponen a la utilización de recursos públicos en campañas electorales; apoyan la neutralidad de la administración pública y del Poder Judicial y la conformación pluralista y equilibrada de la autoridad electoral. Consideran imprescindible la separación de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, y la descentralización de estados y municipios así como el reconocimiento de las garantías, libertades y derechos ciudadanos.

    Representación y Participación: Opinan que la democracia representativa y la democracia participativa son dos conceptos reconciliables y se oponen a la visión de las fuerzas políticas autocráticas que califican a la primera de "burguesa". Consideran que ambas nociones son además complementarias y creen que el ciudadano debe estar involucrado en el proceso político.

    Pluralismo y Tolerancia: Abogan por un marco de libertad para que el pluralismo florezca en un ambiente de tolerancia. Abogan por el respeto a las creencias religiosas y cultos; y por el respeto a todas las ideologías políticas que no prediquen la discriminación por orientación sexual, racial, étnica y confesional.

    Derechos Humanos y Ciudadanos: Exigen que además de estar reconocidos legalmente, los derechos humanos sean respetados en la práctica, oponiéndose firmemente a los abusos policiales, a los maltratos y las torturas y las condiciones pésimas en las que se encuentra el sistema penitenciario venezolano. Reconocen los derechos a la libertad de expresión, pensamiento, asociación, movimiento, igualdad de géneros, inviolabilidad de la vida, integridad física y de hogar y propiedad privada.

    Seguridad Pública: Asumen a este tema como prioridad central; la identifican como una masiva violación a los derechos humanos de las personas; reconocen como los mayores afectados a los sectores pobres de la sociedad, sumidos por la que llaman la "dictadura del crimen" y de la "violencia policial no controlada". Proponen la creación de una fuerza de seguridad integrada por personas de formación profesional adecuada y justamente remuneradas por sus servicios. Proponen reformar el sistema de enjuiciamiento penal; sustituir el "horrendo sistema carcelario" y crear un sistema de cooperación y enlace entre el gobierno y la sociedad civil.

Economía

    Situación económica: Se oponen a la estatización de la economía; reconocen firmemente la libertad sindical y los derechos laborales de los trabajadores y promueven la formalización del mercado laboral y la disminución del empleo informal representado por los comúnmente llamados "buhoneros".

    Industrialización y diversificación económica: Ofrecen un sistema basado en la democracia y en la reindustrialización del país. Proponen crear un sistema destinado a crear confianza para las inversiones industriales, nacionales y extranjeras, y establecer garantías jurídicas al sector privado. Se oponen al control de cambio y de precios rígidos pues desincentiva la producción nacional. Creen firmemente en la industrialización del país, en la diversificación del aparato productivo en el marco de un capitalismo regulado y orientado por el Estado democrático y en una economía nacional que se inserte en el proceso de industrialización con una capacidad de gestión y decisión autónomas. Apoyan una diversificación de la economía y una política de desarrollo industrial y científico-técnico. Proponen reducir la dependencia de la industria de los hidrocarburos, la cual según ellos ha causado una distorsión en la estructura política, social, económica y cultural del país. Critican el inadecuado manejo de los excedentes rentísticos y las inadecuadas políticas de redistribución de la renta petrolera. Proponen racionalizar el uso de dichos excedentes, orientando parte de los mismos a la inversión productiva para diversificar la industria y la economía e impedir su uso destinado a gastos corrientes.

    Mercado, Estado y pueblo: Apoyan una "economía social de mercado" o una "economía mixta", que combine los mecanismos del Estado con una planificación democrática coordinada por el Estado que oriente los esfuerzos y expectativas del capital, del trabajo y de los consumidores hacia el logro de metas de desarrollo planificado. Rechazan el esquema neoliberal y consideran que el mayor crecimiento económico y la mayor equidad distributiva deben ser "simultáneas en vez de sucesivas". Proponen la creación de un Fondo de Financiación del Desarrollo Diversificado a partir del excedente de la renta petrolera. Consideran esencial la creación de puestos de trabajo para la disminución de la pobreza y de la exclusión, por lo que debe constituir un criterio determinante en la definición de una estrategia para el desarrollo de la economía social de mercado. Asimismo consideran importante la planificación por el Estado de un proceso de construcción de viviendas ejecutado por la industria privada como un poderoso factor para la creación de empleos. Por último, proponen alentar y fomentar la expansión de las pymes (pequeñas y medianas empresas), consideradas proveedoras de empleo masivo.

    Energía e industrias Básicas: Consideran que la totalidad del capital accionario de la industria petrolera debería quedar en manos del Estado. Sin embargo, en otros sectores como la siderurgia, las telecomunicaciones, el aluminio, la energía eléctrica y los servicios básicos de transporte "se podrían aplicar diversas modalidades de propiedad y control mixtos". Rechazan la tesis según la cual la propiedad de la industria petrolera debería ser "nacional" mas no "estatal" pues consideran que el Estado "es el encargado natural de las áreas más vitales del patrimonio de la nación en representación de todos sus integrantes". Opinan que PDVSA debería estar fuera de la influencia de algún control partidista y que el sistema de nombramiento de su personal debería basarse en los méritos y la capacidad técnica y profesional de cada persona. Consideran que bajo la orientación del Estado se debería alentar al sector privado mediante licitaciones y contratos para convertir al petróleo "en el motor efectivo de una poderosa y variada constelación de industrias nacionales".

    Economía rural: Reconocen, a pesar de sus "imperfecciones", los logros de la Reforma Agraria de 1961 realizada por el gobierno de Rómulo Betancourt al poner fin al latifundismo tradicional y alentar el capitalismo en el campo. Están a favor de salvaguardar la propiedad privada y moderna en el campo enfocando su estrategia en salvaguardar los derechos laborales mediante salarios adecuados y seguridad social.

Sociedad

    Del Movimiento obrero al Movimiento popular: Reconocen la evolución de las fuerzas de centro izquierda latinoamericanas y su paso de ser movimientos identificados con la clase obrera a ser movimientos policlasistas y populares. Apoyan el establecimiento de una "libertad sindical auténtica y completa y el estímulo y el respeto a la contratación colectiva", considerándolos "aspectos claves de un futuro plan de gobierno" demócrata social.

    Calidad de vida y Participación: Se oponen a las altas disparidades salariales, por lo que proponen que en ese sentido el Estado, "apoyado por la sociedad civil y el movimiento sindical, implante mediante legislación fiscal y social, una substancial reducción" de dichas disparidades. Sin embargo, reconocen las diferencias entre el valor y la utilidad social de los aportes de aquellos que reciben mayores sueldos y aquellos que reciben menores sueldos, así como la diferencia de capacitación y responsabilidad entre ellos. Reconocen los éxitos del método "universal-asistencialista" implementado durante los primeros treinta años de democracia por los sucesivos gobiernos y se oponen al modelo de política social "selectivo-compensatorio" implementado desde 1988 por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera y caracterizado por ser basado en una tendencia neoliberal. Critican las "misiones" por su "estilo populista", por tener un carácter primordialmente asistencialista y por no conllevar a una auténtica transición hacia una "autoayuda" colectiva y cambios de estructura. Afirman que la prioridad del Estado debe ser dotar de una calidad de vida a todo el grueso de la población. Opinan que dicha calidad de vida "abarca tanto el bienestar material como la elevación de conciencia". Consideran que debe reconocerse el derecho a un bienestar social universal y a una libertad universal que pertenezca que cada quien participe en la toma de decisiones de la sociedad.

    Educación y Capacitación técnica: Consideran a la educación "el instrumento por excelencia para reducir los contrastes sociales". Consideran que es "responsabilidad del Estado el orientar y coordinar" el sistema público de educación con la cooperación de los institutos privados. Respetan fervientemente el principio de la autonomía universitaria. Consideran que las necesidades de desarrollo económico requieren un estímulo a "las carreras científicas y técnicas en los niveles de educación superior". Opinan que la sociedad venezolana debe alentar y crear incentivos efectivos para los estudios en esas áreas. Opinan que debe favorecerse la formación técnica a nivel de educación básica. Consideran que debe favorecerse la capacitación en diversos oficios y especialidades a través del Instituto Nacional de Capacitación Educativa (INCE) como forma de contribuir con el progreso económico y en la lucha contra el desempleo. Creen que debería aumentar la exigencia en educación básica y secundaria para elevar la calidad educativa y la admisión universitaria. Asimismo opinan que para aquellos que no vayan a la universidad debería abrírseles la posibilidad de estudiar carreras técnicas útiles para el país. Consideran que la educación preescolar- a la que le dan una gran importancia- debe recibir una esmerada atención por parte del gobierno "en apoyo y alivio a las familias trabajadoras".